EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL FRENTE AL CASTIGO DE EJECUTORES DE CRíMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

El derecho penal internacional cuenta con la viabilidad de utilizar la jurisdicción universal como una valiosa herramienta para evitar la impunidad frente a crímenes que ofenden a toda la humanidad cometidos en medio de los con？ictos armados. El principio de jurisdicción universal permite hacer justicia por cualquier tribunal internacional, sin importar donde ocurrieron esos crímenes, la nacionalidad de los autores o partícipes o quienes fueron las víctimas, siempre que se trate de crímenes que afecten a la comunidad internacional. Una de las preocupaciones de los actores que hicieron parte del con？icto armado no internacional sucedido durante décadas en Colombia es el tema de la seguridad jurídica que encierran los acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, (Farc-Ep) y el gobierno colombiano, específcamente al aplicar justicia transicional. La ansiedad que produce que la aplicación de este tipo de justicia no esté blindada de tal modo que ningún tribunal en el mundo pueda iniciar un proceso penal por los mismos hechos, es ciertamente fundada. Es sabido que al terminar un con？icto (o como sucedió en Colombia sin terminarlo) las partes busquen salidas negociadas para llegar a acuerdos de paz. En ese momento surge como principal solución en temas de justicia, la llamada justicia transicional, la cual otorga enormes benefcios a las partes y a la sociedad en general. Esta investigación plantea las difcultades de utilización del Principio de Jurisdicción Universal en el contexto colombiano de poscon？icto; además, explora las soluciones a la que han llegado doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en cuanto al principio de legalidad penal y como la aplicación del derecho penal internacional, que incluye la jurisdicción universal, no vulnera la legalidad penal como tal. Con ese objetivo y al solventar estos propósitos, en defnitiva, el artículo permite concluir con una propuesta destinada puntualmente a Colombia en cuanto a evitar la tensión entre el PJU y la seguridad jurídica en medio de la justicia transicional en Colombia